Prensa sobre JPA

“Me duele mucho el abandono de los niños”

2011-01-18T05:51:00.000-08:00

Rodrigo Chacón / La Nación

Francisco Estrada tiene en sus manos la reformulación del Sename. El organismo se convertirá a mediano plazo en el Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia

Al abogado Francisco Estrada (40 años), director del Servicio Nacional de Menores (Sename), lo afecta profundamente la desprotección y el olvido de que son víctimas algunos menores. El cargo le vino como anillo al dedo, dado que llevaba varios años en la institución y tuvo una activa participación en la discusión de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Además, representó al Estado ante la ONU en materias de derechos infantiles y adolescentes durante 2007 y 2008.

Casado y padre de cuatro hijos, hoy tiene en sus manos la misión de reformular la institución y hacer cambios radicales en su diseño interno. Está trabajando en la reestructuración que separará a los niños vulnerados en sus derechos de aquéllos que son infractores de la ley. Para ello, el Sename se convertirá en el mediano plazo en el Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia, y pasará a depender del futuro Ministerio de Desarrollo Social. Asimismo, se creará el Departamento de Justicia Juvenil, que funcionará bajo el alero del Ministerio de Justicia, haciéndose cargo de los menores que infringen la ley.

El día de la entrevista, Estrada había sostenido una reunión para ver el caso de Cristóbal, más conocido como “Cisarro”. El niño, que había huido de un centro del Sename en La Florida, fue recapturado en abril y trasladado a un recinto de la entidad en Valparaíso. Cuenta que el niño “está muy distinto a como entró. Tiene 11 años, aún no hemos terminado su proceso de reinserción, puesto que está en un ambiente de contención, pero hoy ya no es el ‘Cisarro’, es simplemente Cristóbal. Se molestó hace algunos días cuando una nota de prensa lo llamaba por su apodo. Le explicamos que se trataba de un artículo que daba cuenta de un camino que él había hecho anteriormente. Ha cambiado, ha bajado a la playa y no se ha arrancado, por ejemplo. Él lo ha decidido así y es un mérito”. Agrega con orgullo que “es muy probable que en octubre Cristóbal apruebe el quinto año básico”.

-¿Es una responsabilidad muy grande estar a cargo de la reestructuración del Sename?
-Más que una mochila pesada en temas administrativos o de gestión, cuando visito los centros me duele mucho ver los niveles de abandono de nuestros niños. Estoy pensando en menores como Félix o Michelle, que pertenecen al Centro Galvarino. A ellos, sus padres ni siquiera los inscribieron en el Registro Civil, imagínate, y sólo tienen seis años. Hay muchos casos así.

-¿Qué pasos concretos se han dado para llevar a cabo este cambio?
-El Presidente le ha otorgado prioridad especial. Y es un tema que se está trabajando junto con los ministros. Es un viejo anhelo de la comunidad en torno a la infancia. Nadie se explica muy bien por qué una misma institución trabaja con niños infractores de la ley y con menores vulnerados en sus derechos. La ley antigua no hacia distingos y hoy existe una normativa que sí lo hace. El tema es que la institucionalidad sigue siendo la misma. Al separar las cosas, el control de gestión es mucho más claro.

-¿Cómo han enfrentado el hecho de que dos menores que están internos en un centro del Sename en Cholchol se hayan sumado a la huelga de hambre de los mapuches?
-Hay personal del servicio que los acompaña todo el día. Ellos tienen sus médicos de la colectividad, pero también están siendo vigilados por nuestros especialistas. Se los monitorea permanentemente. El otro día se detectó que los dos tenían una arritmia y se les hizo un electrocardiograma.

Un dolor y una respuesta. Carta del padre Nicolás Vial

2009-07-21T09:50:00.000-07:00

Señor Director:

Una profundidad espiritual debe tener la mamá de Sergio Aguayo, quien pudo, en medio de su dolor y tristeza infinita, preguntarse con la mayor lucidez: "¿Cómo puede ser posible que niños de tan corta edad sean capaces de matar a un ser humano?"
Ella acertó plenamente con esa pregunta, y es preciso buscar la respuesta y trabajar con todas nuestras fuerzas para que hechos como el sucedido con su hijo, tan atroz y desgarrador, no vuelvan a ocurrir más. La acompaño con mi pobre oración para que el Señor la sostenga, y que su fe en que volverá a ver a su hijo en la tierra de la luz y de la paz le dé la fuerza y la esperanza espiritual.
A menudo, semana a semana traspaso los altos muros que separan y esconden de la comunidad a cientos de jóvenes que, privados de libertad, esperan su destino, sea para cumplir una pena por el delito cometido o para acceder a la libertad y volver a su hogar.
Durante su estadía en estos centros tengo ocasión de conocerlos y adentrarme algo en sus almas, y de algún modo, saber quiénes son los miles y miles de jóvenes que anualmente abarrotan estos lugares.
La primera cosa que salta a la vista al conversar con los jóvenes señalados es una especie de sentimiento de soledad y de abandono constante. Se debe a una ausencia profunda de aquel o aquellos que nunca estuvieron en los momentos cuando su corazón se asentaba como persona que necesitaba lo reconocieran como alguien que valía, con capacidades, con sentimientos en su dolor o esperanza.
Un segundo aspecto que siempre surge de lo más profundo del ser es lo relacionado con el mundo de los afectos. Son muchachos, en su mayoría, sin afectos sólidos, algo así como barcas sin timón, a la deriva, porque les ha faltado el cariño que estructura la personalidad, permitiendo insolidez, impulsados, sin medir las consecuencias de sus actos, por iniciativas y voces descabelladas. Quizás sea el deseo profundo de ser amados, de sentirse que son alguien, que los tomen en cuenta, que les den cariño.
El diálogo violento, imperativo y tímido es otra característica que los hace vulnerables, sospechosos y agresivos. Probablemente sus puntos de vista, tantas veces positivos e inteligentes, han sido ahogados por la falta de comunicación y la imposición constante de su familia y entorno social.
Señora Carmen Gloria, su hijo Sergio descansa en paz, y desde la vida eterna, junto a Dios, le dará a usted la fuerza para continuar viviendo, y aunque su herida de madre nunca cierre, podrá llegar quizás a comprender cuánta fatiga, dolor y muerte se esconden tras esos altos muros que siguen siendo el símbolo mayor del gran fracaso, de la indolencia y de la apatía social.
Padre Nicolás Vial Saavedra

Presidente Fundación Paternitas

Jueza dice que en centros de Sename puede haber "contagio criminógeno"

2009-05-06T08:22:00.001-07:00

La nota en El Mercurio de hoy es de la periodista Francisca Aguila.

María Salinas Hernández, del 11º Juzgado de Garantía de Santiago: dice que en centros de Sename puede haber "contagio criminógeno"

Una crítica a los centros de internación del Servicio Nacional de Menores (Sename) realizó la jueza María Carolina Salinas Hernández, del 11º Juzgado de Garantía de Santiago, al afirmar que con el hecho de dejar en internación provisoria a un menor que cometió por primera vez un asalto se podría dar un eventual "contagio criminógeno" de éste.

La afirmación fue realizada durante la audiencia del menor B.J.F.M.A. (14), quien en la noche del domingo asaltó un servicentro Esso de La Cisterna, armado con un gollete de botella, con el que intimidó a una de las cajeras, robando más de $78 mil y un celular de la víctima.

Pero fue detenido a la salida del local por un carabinero que se encontraba de vacaciones y cargando bencina.

Así, el lunes la fiscal Leda Astorga formalizó al menor por robo con intimidación y pidió la internación provisoria.

Pero el abogado defensor Pablo Aranda rechazó la petición y pidió una medida de menor intensidad, lo que fue aceptado por la jueza, dado que el menor no presentaba antecedentes pretéritos.

Así, en su argumentación para dejar en libertad al adolescente, la jueza sostuvo que se trataba de un menor de 14 años, que no tuvo contactos previos con el sistema judicial y que "cree este tribunal que la internación provisoria podría incluso fomentar un eventual contagio criminógeno del joven".

Al respecto, el director Nacional del Sename, Eugenio San Martín, si bien declinó opinar respecto del fundamento de la jueza Salinas, aseguró que "estamos preocupados y conscientes de que nuestros centros privativos de libertad tienen que mejorar en su funcionamiento, las condiciones materiales y la oferta programática. Que no sean escuelas del delito".

San Martín agregó que sólo el año pasado se invirtieron 9 mil millones de pesos en mejoras de los centros de internación para los adolescentes.

Ayer la Corte de Apelaciones revocó la libertad del menor

Absuelven a menor de edad tras 10 meses en internación provisoria

2009-03-20T11:33:00.001-07:00

10 meses en internación provisoria alcanzó a estar el menor de 17 años E.A.R.V., para luego ser declarado inocente.

"El menor fue acusado de delito de homicidio simple en contra de Sergio Pérez Gatica, ocurrida en la comuna de Recoleta, en el mes de abril del año pasado.

De acuerdo con la exposición del fiscal y rebatida en los grados de participación por el defensor juvenil Luis Gálvez, el día 11 de abril de 2008, la víctima Sergio Pérez, se encontraba en la vía pública cuando se trabó en una discusión con el menor E.A.R.V., la que deriva en golpes mutuos, tras lo cual interviene el primo del menor, Daniel Villagra Rojas de 18 años, quien dispara a la víctima para luego seguir golpeándolo en el suelo, tras lo cual huyen con el menor de edad.

Para la fiscal del caso, se estaba frente al delito de homicidio simple, quedando ambos como coautores de éste, pidiendo para el menor tres años y un día de libertad vigilada especial, en tanto para el adulto la pena solicitada era de cuatro años de presidio menor en su grado máximo.

A juicio del defensor Gálvez, no era posible acusar por el homicidio simple a su defendido, por cuanto a partir de los dichos de los testigos, así como de los propios imputados y las pruebas periciales químicas realizadas, era un hecho indiscutido que el autor del disparo y que le dio muerte al occiso era el acusado Daniel Villarroel.

Según Gálvez, el hecho que su defendido estuviese “peleando” con el occiso y le hubiese propinado algunos golpes, “no son elementos de juicio suficientes como para estimar que tenga una participación en calidad de autor del delito de homicidio que se investiga en esta causa”.

Dichos argumentos fueron acogidos por el magistrado Luis Castro, del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, quien decidió absolver al menor de edad y condenar a cuatro años de libertad vigilada a Daniel Villarroel, por el delito de homicidio simple."

Fuente: Defensoría Penal Pública

La Tercera: "Sename por caso arañitas: "No podemos responsabilizar a la ley juvenil"

2009-03-02T15:33:00.000-08:00

Y.P.M.R, de 17 años, contaba con un historial de 10 detenciones antes de ser apresada, el pasado sábado, cuando intentaba robar en el tercer piso de un edificio de Ñuñoa, junto a una menor de 14.

La adolescente había estado bajo distintas modalidades de internación del Servicio Nacional de Menores, y actualmente cumplía una condena en libertad asistida por robo en lugar habitado.

Según explicó el director nacional del Sename, Eugenio San Martín, a diferencia de otras oportunidades, Y.P.M.R quedó en internación provisoria en un centro cerrado de la repartición. Agregó que estará a cargo de profesionales que realizarán un trabajo personalizado e integral, cuya idea es reinsertarla socialmente con el apoyo de familiares.

Una reinserción, que hasta ahora, no ha tenido éxito y que la ha llevado a adentrar a otras menores en hechos delictuales."

Nota de Paulo Muñoz

Asumiendo estas críticas, el director del Sename, asegura que el problema no está en la nueva legislación, sino en la forma en que nuestra sociedad ha asumido el problema.

" No podemos responsabilizar a una ley del fenómeno de la delincuencia juvenil, pese a que puede estar en la sensación de la comunidad.(...) El problema hay que atacarlo con una intervención, un trabajo territorial que supla las carencias familiares, situación que en muchos casos concluye sin éxito".

La directora de la fundación El Peregrino, Alicia Campillay, conoció a Y.P.M.R cuando con solo 13 años y con otras 4 menores, se adentraba en el mundo delictual trepando por departamentos en altura.

Según contó a la tercera.com por su forma de ser y personalidad, es difícil que se adapte a algún programa de reinserción " por la viveza que tiene y todo lo que ha conseguido delinquiendo, es muy difícil que salga de ahí" precisó, agregando que la menor se acostumbró a asumir un estilo de vida con carencias en lo afectivo, que suple con lo material.

Campillay manifestó que la adolescente cuenta con un desplante y una personalidad que facilmente la lleva a inducir a otras niñas de su edad en el mundo del hampa, enseñándole códigos que le darían un cierto status.

Es esta jerarquía la que el director del departamento de sociología de la Universidad de Chile, Claudio Duarte, cataloga como fundamental a la hora de que sus pares asuman un rol solidario "aparece un rol socializador, que va más allá de lo que dicen las instituciones. Tiene que ver mucho con la lógica del afecto, con una cuestión de lealtad que se sigue y que va más allá de que sea bueno o malo" dice el profesional.

Duarte cree que las herramientas del Sename como la nueva legislación juvenil no rendirán frutos ya que el concepto de los jóvenes que delinquen no es robar para hacer daño, sino lograr el camino más fácil para suplir sus necesidades asociadas al consumismo, y- que obviamente- no son suplidas por los programas de reinserción.

Menor condenado por robo con violencia podrá seguir estudios en la universidad

2009-02-24T08:51:00.000-08:00

CONCEPCIÓN.- Tras un año y 8 meses de estudios en el Centro de Internación Transitorio (CIT) del Servicio Nacional de Menores (Sename) de Coronel, por una condena en régimen cerrado, F.R.R. (17) logró superar la adversidad de una prisión para menores de edad imputados por delitos graves, y obtener 584 puntos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Se matriculó en Pedagogía General en Educación Básica en la Universidad del Bío-Bío (UBB), y hoy asiste a su primer día de clases.

Residente en San Carlos, provincia de Ñuble, el tribunal de Chillán lo imputó por robo con violencia y condenó a 7 años en el CIT de Coronel. Era también culpable de robos con violencia e intimidación, pero al asumir su culpa se dedicó por entero a estudiar para superar su condición.

"Al principio uno no sabe mucho, pero después me di cuenta de las riñas que terminaban con gente apuñalada. La cárcel no se la recomiendo a nadie", dice. En los próximos tres años dispondrá de libertad asistida especial, luego que el tribunal acogiera el cambio de sanción.

Antes de poder rendir la PSU debió aprobar el 4º medio. "Me han dado una nueva oportunidad, y digo a todos los que están donde yo estuve que, si pueden hacerlo, también la tomen".

Su defensor, Pablo Ardouin, dijo que "la oportunidad de reinsertarse en la sociedad es un mérito al esfuerzo del joven. Él es como una isla en el mar y necesitamos un archipiélago de muchachos como él".

Bandas de adolescentes toman el control del tráfico de drogas en población La Legua

2009-02-22T11:59:00.001-08:00

La nota en El Mercurio de hoy es de Jaime Pinochet:

"Calles angostas con pequeños montículos y sin salida. Casas de colores. Jóvenes reunidos en las esquinas y vehículos policiales que patrullan el sector a toda hora, resguardados por un carro blindado, que a simple vista muestra las heridas de "guerra".

Esa es la postal que se vive todos los días en la población La Legua Emergencia de San Joaquín. Uno de los lugares más peligrosos del país por la cantidad de droga y armas que circulan entre sus habitantes, sobre todo en menores de edad.

Este lugar fue intervenido en 2003 por la administración de Ricardo Lagos. En esa oportunidad la Policía de Investigaciones formó un grupo de elite para combatir el narcotráfico en dicha población, el cual fue fundado como Fuerza de Tarea y actualmente llamado Brigada Metropolitana Sur.

La unidad especializada logró desarticular importantes bandas rivales como "La Oficina", "Los Car'e Pelota" y "Los Cocina", cuyos integrantes y líderes se encuentran cumpliendo condenas por asociación ilícita.

Sin embargo, se detectó que en el último año se consolidaron nuevos grupos criminales, compuestos por adolescentes de entre 13 y 17 años, quienes son familiares de los narcos detenidos como Manuel Fuentes Cancino, "El Perilla", e Israel Salazar Tapia, "El Isra", entre otros.

Estas bandas se apodan "Los Cochinos", "Los Polacos" y "Los Gálvez", las cuales tienen unos ocho integrantes por filas y también se caracterizan por tener rivalidades entre sus pares.

Uno de los episodios más graves ocurrió en octubre pasado cuando Carlos Cifuentes Bustos fue asesinado de un disparo en la cabeza por orden del líder de "Los Gálvez", quien determinó su muerte porque no le gustaba que personas de otros sectores visitaran la población.

Según la policía, estos jóvenes manejan pequeños arsenales de pistolas 9 milímetros y armas hechizas, las que ocultan en casas de vecinos, quienes reciben dinero por la ayuda. Cada cierto tiempo las trasladan para evitar el control policial.

"Estos grupos son más peligrosos que los antiguos, porque no respetan códigos ni a los pobladores. Cuando se enfrentan en balaceras no estiman en los daños", aseguró un detective que trabaja en La Legua.

Asesorados

Otra arista que tiene preocupado al grupo de elite es el regreso de antiguos narcotraficantes que ya cumplieron sus condenas, a casi seis años del inicio de la intervención, y de las primeras capturas y condenas.

Se trata de los parientes directos de "El Perilla", la familia Fuentes Arancibia, que se está articulando nuevamente con ayuda de las bandas jóvenes.

Según se informó, el modo de operar de estos criminales es a baja escala para no llamar la atención. Compran sólo entre 4 y 7 kilos semanales de cocaína.

La droga entra en la mañana a la población, y durante la tarde, Fuentes Arancibia entrega las dosis a sus socios. El lugar de entrega es aleatorio como medida de seguridad, pero por lo general lo realizan en las viviendas de las calles Santa Catalina, Sánchez Calchero, Venecia y Zárate.

Por la noche, los burreros de las bandas salen a vender la droga. Se trata de mujeres y menores que se trasladan en taxis para comercializar la droga en comunas como San Miguel, La Cisterna, San Bernardo, Puente Alto y La Florida.

Allanamientos

La Brigada Metropolitana Sur realiza 10 allanamientos mensuales, los cuales arrojan cerca de 50 detenidos. La mayoría cae por porte de drogas y armamento de alto calibre.

"Cada operativo es un nuevo desafío. Ellos saben cómo trabajamos, por lo que todas las semanas estamos creando nuevos métodos para sorprenderlos. No descansaremos hasta sacar al último narcotraficante de esa población, sea adulto o menor", concluye un policía de elite.

Junta de vecinos pide más áreas recreativas para los jóvenes

La Junta de Vecinos Número 20 de La Legua está ubicada en la calle Mateo de Toro y Zambrano, a varias cuadras de las calles más peligrosas del lugar.

Al parecer, esta medida la adoptaron para no tener problemas con las bandas que "ensucian y contaminan" su lugar para vivir.

"Nosotros trabajamos todos los días contra la delincuencia. Pero, estos sujetos nos amenazan y tenemos que hacerlo con cautela. Por lo mismo, realizamos ramos de gimnasias y bailes para todas las edades", cuenta una integrante de la agrupación, que se identificó como María, por seguridad.

Pero lo que más le interesa a la Junta de Vecinos es que las autoridades construyan multicanchas para que los jóvenes las utilicen y no estén vagando por La Legua.

"Esto permitiría que los menores cambien la droga por actividades deportivas", finalizó la dirigenta.

Narco prófugo detenido por violencia intrafamiliar

En febrero de 2008 unidades especializadas de la PDI, lideradas por el fiscal regional sur, Alejandro Peña, realizaron un espectacular operativo en La Legua Emergencia para capturar al último capo narco que quedaba libre.

Se trata de Juan Fuentes León (30), alias "El Gitano", quien registra antecedentes por robo con intimidación, con fuerza y lesiones graves.

Sin embargo, la policía no tuvo suerte, pues el traficante salió ilegalmente del país días antes.

"El Gitano" se trasladó a Buenos Aires, Argentina, donde ingresó con otro nombre y como ciudadano argentino, con un pasaporte falsificado que obtuvo en Chile.

En la capital trasandina conoció a M. S., con quien inició una relación amorosa, y a los pocos meses de noviazgo decidieron partir a España.

Allí, "El Gitano" trabajó como lanza internacional para costear su estadía. Según se informó, en julio pasado comenzó a tener problemas con la mujer, luego que ésta descubriera el pasado del peligroso traficante. Las discusiones entre la pareja incluso llegaron a agresiones físicas por parte de "El Gitano"; por ello, un día M. S. lo denunció por violencia intrafamiliar ante la policía de Madrid. A los pocos días, Fuentes fue detenido.

La Policía de Investigaciones pidió ayuda a Interpol y a la Embajada de Chile en España para que informaran a la policía madrileña que Fuentes era uno de los narcos más buscados en Chile y que debían expulsarlo.

Sin embargo, las gestiones no tuvieron éxito, pues denegaron la solicitud de expulsión al acreditar la participación de "El Gitano" en un robo por el que deberá cumplir la condena en España.

Fuentes es requerido en Chile por tres homicidios, entre otros delitos."

2009-01-22T07:30:00.001-08:00

2007-08-29T11:44:00.001-07:00

Defensores se preparan para nueva ley penal juvenil

2007-03-27T10:55:00.000-07:00

"A menos de tres meses de la entrada en vigencia de la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, representantes de todas las defensorías regionales de Chile participaron en la primera jornada nacional sobre defensa penal juvenil, la cual se desarrolló el pasado viernes 23 de marzo.

Durante la jornada, que fue inaugurada por el Defensor Nacional, Eduardo Sepúlveda Crerar, se desarrollaron diferentes áreas vinculadas a la nueva legislación penal adolescente, entre ellas, la función del defensor penal juvenil y sus requerimientos; los aspectos críticos de la defensa especializada de adolescentes y la organización y cobertura de la defensa especializada.

Paralelamente, el jefe de la Unidad de Defensa Penal Juvenil, Gonzalo Berríos dio a conocer el documento "Defensa Penal Juvenil: Bases Técnicas para garantizar la Especialización", el que será ampliamente discutido en jornadas futuras.

El texto aborda, entre otros temas, la relación del defensor con el cliente adolescente, la relación entre el abogado defensor y la familia del imputado; el derecho a la privacidad y los medios de comunicación; la determinación de penas; y la ejecución de sanciones.

Este documento se enmarca en el esfuerzo de la Unidad de Defensa Penal Juvenil por unificar criterios de defensa ante la inminente puesta en marcha de la nueva legislación adolescente prevista para junio de 2007.

Cabe destacar que para esta tarea la Defensoría Penal Pública capacitó a un total de 40 defensores penales juveniles y 12 asistentes sociales para todo el país."

Fuente: Prensa Defensoría Penal Pública

Colombia: Avalancha de niños infractores en primera semana del nuevo sistema judicial para menores de edad

2007-03-27T07:43:00.000-07:00

La revista colombiana Semana trae este artículo sobre la primera semana de funcionamiento del nuevo sistema de justicia para menores infractores
de edad en Colombia:

"Por Juliana Bedoya Pérez
Fecha: 03/22/2007 -

Luis* tiene 17 años y vive en la localidad Rafael Uribe Uribe al sur de Bogotá. El sábado 17 de marzo a las ocho de la mañana, él y un grupo de amigos atacaron a su primo. Le pegaron más de quince puñaladas. Los vecinos avisaron a la policía y cuando llegaron, solo ‘aprehendieron’ a Luis. De inmediato fue trasladado a la carrera 30 con calle 12, en donde funciona desde el 15 de marzo el Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes.

Allí fue recibido por un defensor de familia, el abogado que tuvo a su cargo el caso. La policía de infancia y adolescencia adelantó el proceso investigativo propio de policía judicial y un juez atendió el proceso, en el que se le impuso una sanción. Luis fue acusado de intento de homicidio y pudo volver a su casa. Mientras, su primo se recupera de graves heridas en un hospital de la ciudad.

Luis salió bajo la figura que se estipula en el nuevo código: la de libertad asistida, sus familiares tendrán que estar pendientes de él y tendrá que demostrar ante el juez que sigue estudiando y con su vida normal, lejos de problemas. Si llegase a incumplir las condiciones del juez o cometiera algún delito, podrá ir a parar a un centro de reeducación entre uno y cinco años.
Este caso demuestra los cambios que sufrieron los procesos para los menores de edad con el nuevo código de responsabilidad penal para adolescentes, que reemplaza al antiguo código del menor. Si esta historia hubiera ocurrido una semana antes, Luis posiblemente habría terminado en el centro de reeducación El Redentor en Bogotá, en donde iban a parar por algún tiempo todos los adolescentes delincuentes de la ciudad. Su entrada al Redentor habría ocurrido luego de que un juez de menores hubiera investigado, estudiado las pruebas, intentado conciliar, juzgado y condenado el caso.

Gracias al cambio en la legislación, ahora, “si un muchacho comete un delito, se le adelantará el debido proceso y tendrá todas las garantías procesales con las que cuentan los mayores” explica el Mayor Ricardo Prado, jefe de la policía de infancia y adolescencia. Por eso el nuevo sistema, consignado en la nueva ley de infancia, va en concordancia con los tratados internacionales, con los derechos humanos y de los niños consagrados en la Constitución.

Beatriz Linares, de la Alianza para la Infancia y una de las personas que más tuvo que ver en la construcción de la ley, está segura de que “el código de responsabilidad para adolescentes es lo que se necesitaba”. Aunque ella reconoce que el sistema, que entró a funcionar en Cali y Bogotá el 15 de marzo, tiene sus fallas, sí sabe que por lo menos los menores serán tratados con equidad.

Con el código del menor los delitos que cometían los niños y adolescentes eran inimputables. O sea que por ser menores de edad, los delincuentes juveniles eran incapaces de prever las consecuencias de lo que hacían, entonces no adquirían ningún tipo de responsabilidad de sus actos. Para Linares, el argumento de inimputabilidad equivalía a que “ se ponía al menor al nivel de un semoviente, lo que lo descalifica como ser humano”. A pesar de este argumento, a los muchachos se les adelantaba un proceso en el que el juez investigaba, juzgaba y condenaba, y así terminaban en los centros de reeducación.

Por eso no era extraño encontrar en estos lugares a muchachos que simplemente se habían robado un pan, junto a otros que habían asesinado a alguien. Lo que si extrañaba era ver a algún muchacho de estratos altos en un sitio de estos, y no precisamente por aquella apreciación de que solo los pobres delinquen. Por lo general, si el pequeño delincuente provenía de una familia acomodada, el juez encargaba a los padres del tratamiento psicológico y les exigía que controlaran mejor al muchacho. Con el nuevo sistema, la decisión de mandar o no al adolescente a un centro de reeducación o de imponerle alguna sanción dependerá exclusivamente del delito que cometió.

La primera semana con buenos resultados

Hace exactamente una semana, arrancó el nuevo sistema penal para adolescentes en Cali y Bogotá, en las otras ciudades empezará a funcionar gradualmente en los próximos meses. La expectativa de lo que ocurra en estas dos ciudades es grande, pues el 41 por ciento de los colombianos son menores de edad y de estos, 18 mil llegan a parar a los centros de reeduciación en el país.

Hasta el miércoles habían sido capturados 19 adolescentes por delitos menores en Cali, en su mayoría el hurto, lesiones personales y la posesión de estupefacientes. En Bogotá, mientras tanto, van 53 capturas, y casi todos los jóvenes han cometido los mismos delitos que en Cali. Todos estos muchachos, menos dos en Bogotá, han salido libres, como lo establece el sistema.

Ellos han sido entregados a sus padres o acudientes bajo libertad asistida, lo que no implica que se hayan salvado de algún tipo de sanción. Todos tendrán que responder por sus actos de un modo pedagógico con amonestaciones, imposición de reglas de conducta, servicio comunitario o semiinternado.

Sin embargo, en la capital se han presentado los únicos dos casos de homicidio. Uno de estos fue cometido por un menor de 14 años, por lo que inmediatamente pasó a protección del ICBF. Con la nueva legislación, ningún delito cometido por un menor de esta edad podrá ser castigado, pero todos serán observados por el Sistema de Bienestar Familiar que se encargará de protegerlo y de restablecer sus derechos.

El otro caso de homicidio ocurrió en Bosa, un muchacho de 17 años salía de una fiesta y terminó en una pelea en plena calle. Él no dudó en entrar a su casa, sacar un cuchillo y atacar al que hasta hace un rato era su compañero de parranda. El joven llegó al Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes y se declaró culpable. Con su declaración, se le ordenó retención preventiva, que no puede pasar de más de diez hábiles, mientras se le adelanta el proceso penal y se le dicta una sentencia que podrá estar entre dos y ocho años en un centro de reeducación.

Lo mismo le espera al muchacho de 16 años que fue aprehendido en inmediaciones a la Cárcel Modelo de Bogotá, con tres kilos de marihuana y a todos los adolescentes entre 16 y 18 años que cometan delitos graves -que según el código penal dan más de seis años de cárcel- y los que entre los 14 y 16 secuestren, extorsionen o cometan asesinato. Pues como lo indica la norma, solo por estos delitos los adolescentes se verán privados de la libertad.

Si bien, una semana es muy poco tiempo para dar un diagnóstico y ofrecer resultados comparativos, las autoridades envueltas en el sistema están optimistas. Todos saben de la gran responsabilidad que cargan, pues más allá de controlar a los ‘niños traviesos’ deben tratar de garantizar que estos jóvenes no recaigan en conductas delictivas. Finalmente el nuevo sistema no es punitivo sino que busca la formación y el mejoramiento de las condiciones de los niños y adolescentes colombianos."

Entrevista en El Clarín de Javier de Vicente Remesal

2007-03-26T14:39:00.000-07:00

En El Clarín viene esta entrevista al jurista español Javier de Vicente Remesal.

"El menor, por el solo hecho de serlo, no es inimputable"
Claudio Martyniuk.
cmartyniuk@clarin.com

"Una de las formas de violencia más perturbadoras es la que tiene como protagonistas a los adolescentes. En estos casos, las democracias a veces se ven tentadas a buscar respuestas autoritarias, endureciendo penas y regímenes penitenciarios. ¿Cuál le parece que debe ser la función del derecho penal ante la problemática de la violencia juvenil?

—La función que tiene que cumplir el derecho penal, no sólo en la delincuencia juvenil sino en la delincuencia en general, es tratar de solucionar aquellos problemas que no pueden solucionarse por otras vías menos drásticas. Eso responde al principio de intervención mínima del derecho penal, en el sentido de que si desde otras instancias se pueden resolver esos problemas, mejor es acudir a esas otras instancias y no al derecho penal. En el ámbito juvenil, esto tiene una importancia especial, por las características de las personas que cometen los hechos delictivos. Dado que se está ante menores, se deben poner los máximos esfuerzos para evitar, desde el punto de vista de la prevención general, que se cometan delitos y, desde el punto de vista de la prevención especial, que los mismos jóvenes que han cometido delitos no vuelvan a delinquir. Por eso creo que el derecho penal de menores debe esforzarse al máximo para sacarles todo el partido posible a aquellas instituciones y medios que no se han puesto, o no se ponen, en el derecho penal de adultos.

Sin embargo, la reacción institucional más requerida es la pena. ¿Cuál le parece que es el criterio más razonable para utilizar la cárcel?

—Los menores pueden cometer hechos muy graves y otros de menor gravedad. Hay asesinatos, hurtos, faltas y hechos imprudentes, y todo eso necesita un tratamiento diferenciado. En el derecho penal de menores, aunque se haya querido decir lo contrario en algún momento, el principio de proporcionalidad también tiene su importancia. Y por eso, naturalmente, hay una graduación en función de la gravedad del hecho. Por ejemplo, en España hay internamientos en régimen cerrado de hasta seis años para hechos calificados de graves en el Código Penal. En determinados casos como homicidios, violaciones, actos de terrorismo, ese límite superior llega hasta los ocho años de internamiento. E incluso puede llegar hasta diez años cuando hay una pluralidad de hechos delictivos. Claro, los límites no son iguales al régimen penal de adultos. Con estas medidas de internamiento se busca incidir en la prevención general.

¿Los menores son imputables?

—El menor, por el hecho de ser menor, no es inimputable. En todas las legislaciones se marca una edad mínima para entrar dentro del régimen penal del menor, de la misma manera que se marca una edad para entrar en el Código Penal. En España, de los 14 a los 18 se entra en la Ley Penal del Menor; y después se pasa al Código Penal. En ambos casos hay una posible imputabilidad, también en los menores. A partir de los 14 años se aplica ya una ley penal, aunque sea una ley penal del menor por una razón pragmática, de acuerdo parlamentario.

¿No puede ser arbitrario?

—No, porque tiene como base al saber de la psicología evolutiva sobre la edad de formación de una personalidad. Pero la fijación concreta, si es a los 14, a los 13 o 15 años, responde a un criterio de acuerdo parlamentario. También se aplica una perspectiva político-criminal que, por ejemplo, hace que en el derecho penal de menores haya penas y, además, otra serie de medidas de seguridad que se aplican a los sujetos por su peligrosidad, no por su culpabilidad.

Si se trata de aplicar medidas basadas en pautas de seguridad, ¿no se corre el riesgo de tomar nuevamente a los menores como objetos de cuidado más que como sujetos de derecho?

—Claro. Me da la impresión de que la situación en Argentina es muy semejante a la que ha habido en España. Nosotros teníamos una ley totalmente tutelar, que contemplaba al menor como un sujeto carente de derechos. Se lo trataba como a un enfermo más que como a un sujeto que ha cometido un hecho delictivo. Y eso implica la negación de las garantías procesales y de los principios más fundamentales del derecho penal. El Tribunal Constitucional Español declaró inconstitucional esa ley de 1948, diciendo que no era aceptable la supresión de garantías, la indeterminación de la duración de las medidas y la inasistencia de abogados. Y eso dio lugar a que se pasara a lo que se llama el modelo de responsabilidad.

¿En qué consiste?

—Bajo ese modelo, el menor es una persona que debe responder por sus actos. La responsabilidad puede ser plena o semiplena, pero, en definitiva, el menor es responsable de sus actos y, por lo tanto, hay que tratarlo como a un sujeto que ha cometido un hecho delictivo pero con las garantías propias del derecho, de manera que no salga perjudicado por la entrada en el derecho de menores. Este nuevo régimen de menores de España se implementó a partir de 1992. Hubo una reforma en el 2000 y otra en el 2005. Estas normas marcan una diferencia entre el tramo de 14/15 años y el de 16/17, siendo más rigurosos con los que tienen más edad. La diferencia, en concreto, es de un año en cuanto al internamiento en régimen cerrado.

¿La pobreza genera violencia?

—Efectivamente, hay una relación entre determinadas formas de delincuencia y determinada capacidad económica de las personas. Pero los estudios criminológicos ponen de manifiesto que no es la única causa. Ahora se está viendo que hay formas de delincuencia juvenil que poco tienen que ver con la pobreza y más con la desestructuración de familias medias. Y por eso yo creo —comprendiendo la dificultad que esto entraña— que las medidas más adecuadas son la asistencia social y la educación, procurando que el joven encuentre su identidad dentro del ámbito en el que se mueve. Estas medidas intentan evitar la intervención penal. E incluso, ya bordeando la entrada de la intervención penal, pueden facilitar la solución prejudicial de conflictos a través de una mediación, una conciliación, la reparación del daño o mediante una vinculación del autor con la víctima.

Hay, entonces, alternativas a la utilización del derecho penal.

—Claro que sí. Una de las funciones que tienen encomendadas los equipos de psicólogos y asistentes es, precisamente, buscar que el sujeto sea capaz —porque a veces no es así— de darse cuenta de lo que ha hecho. A veces se comete un acto de vandalismo o una agresión, o un robo, y de lo que se trata es de que ese sujeto sepa a quién dañó, cuál es la situación de la víctima y cómo ha quedado, y que tome conciencia del alcance de lo que ha realizado. Habrá, naturalmente, personas indiferentes a las que les dé igual. Pero deben buscarse medidas que se encaminen a lograr esa relación y colaboración, ya no sólo con trabajos en beneficio de la comunidad en general, sino en beneficio de las víctimas o los perjudicados por el hecho cometido.

La droga y el alcohol suelen motorizar la violencia juvenil. ¿Qué se puede hacer ante esto?

—Lo ideal sería poder actuar de modo preventivo y en forma persistente. Porque, claro, si la reacción sólo es la pena, es bastante difícil incidir en el sujeto. Quiero decir que habría que ir más a la raíz, desde el punto de vista de la psicología y de la sociología, hasta hallar dónde radica el desencanto del joven que lo lleva a esos ambientes. Aunque no podamos asegurar que no se producirán actos de violencia, sí podemos esperar que con un trabajo de este tipo se produzcan menos. Esa prevención sería la medida más adecuada. Es difícil, desde luego, aquí y en cualquier otro país. Posiblemente, ningún Estado esté aportando todos los medios económicos, humanos y sociales para prevenir esos conflictos que después tienen un dificilísimo tratamiento con la intervención penal. Aunque habría que ser un mago para poder prevenir siempre la violencia y las adicciones, es mejor intentarlo y dejar la cirugía penal como último recurso. La medicina preventiva a veces es menos visible, más costosa, y políticamente poco rentable. Entonces, muchas veces compensa más, desde el punto de vista político, invertir en seguridad que invertir en justicia social."

Copyright Clarín, 2007.

Colombia: Ley de Infancia y Adolescencia

2007-03-26T10:19:00.000-07:00

16 de Marzo.-

ADOLESCENTE ACEPTÓ CARGOS POR HURTO DE BICICLETA

El adolescente de 17 años de edad, capturado ayer en Cali, en el primer día de aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal para el Adolescente, aceptó cargos en desarrollo de la audiencia preliminar.
Así se conoció anoche, luego de que el adolescente, fue presentado ante la Juez Segunda Penal para el Adolescente, con funciones de control de garantías.
Los hechos se relacionan con lo ocurrido ayer, en el barrio Floralia de Cali, donde un ciudadano fue víctima del hurto de su bicicleta, la cual estaba parqueada afuera de una zapatería.
Según la víctima, dos jóvenes se acercaron y mientras uno de ellos lo distraía, el otro hurtó el aparato.
La retención del menor de 17 años, se llevó a cabo a las 10 de la mañana, luego de que las autoridades realizaran las diligencias investigativas pertinentes.
En audiencia preliminar, se legalizó la captura y los elementos materiales probatorios; la Fiscalía formuló imputación y solicitó a la Juez que el menor quedara bajo protección del ICBF, ya que ningún familiar aceptó hacerse cargo de él. Asi mismo, se conoció que el adolescente tiene problemas de drogadicción.
La Juez acogió la solicitud de la Fiscalía y determinó que el adolescente debía quedar bajo la protección del ICFBF.

14 de Marzo.-

Designados más de 30 funcionarios en Bogotá y en Cali FISCALÍA LISTA PARA LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Bogotá, 14 de marzo. -Con 15 fiscales y más de 20 funcionarios del CTI, la Fiscalía General de la Nación conocerá desde este jueves, en Bogotá y en Cali, los procesos penales que se inicien contra menores entre los 14 y los 18 años.
De esa forma, la entidad asume la entrada en vigencia del componente penal de la nueva Ley de Infancia y Adolescencia, que introdujo nuevas normas para adelantar las investigaciones contra los menores infractores.
En Bogotá, fueron dispuestos siete fiscales y 12 investigadores del CTI, que tendrán sus oficinas en el nuevo Centro de Servicios Judiciales para la Adolescencia, ubicado en la carrera 30 con calle 12, en el centro de la capital.
En Cali ocho fiscales y cerca de 15 investigadores del CTI serán los encargados de asumir esos casos.
El desarrollo del plan metodológico de la investigación estará a cargo de los fiscales, para lo cual tendrán el apoyo de las unidades de policía judicial del CTI y de la Policía de Infancia.
Por su parte, la policía judicial será la encargada de ejecutar el plan metodológico de la investigación, realizar los actos urgentes en los casos que lo ameriten y de efectuar las actividades investigativas necesarias, entre otros.
Con la nueva Ley la privación de la libertad es excepcional, por ello las sanciones de internamiento sólo proceden para menores entre los 16 y los 18 años, que hayan cometido delitos cuya pena mínima sea o exceda de seis años de prisión. De todas formas, ese internamiento no puede durar más de cinco años.
Cuando los adolescentes entre 14 y 18 años sean responsables de homicidio doloso, secuestro o extorsión, la medida de internamiento podrá durar entre y dos y ocho años.
OTROS ASPECTOS DE LA LEY
Las sanciones o medidas que pueden aplicarse al adolescente son: Amonestación, imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, internación en medio semi-cerrado y, excepcionalmente, privación de la libertad en centro de atención especializado.
Otras características del proceso son:
Los sujetos del sistema son jóvenes entre 14 y 18 años.
Las sanciones tienen objetivos educativos y protectores.
Las audiencias tienen carácter reservado.
Deben existir establecimientos especiales para las medidas de internamiento del adolescente, a cargo del ICBF
Se crean los juzgados penales de adolescentes de conocimiento y de control de garantías.
Las defensorías de Familia acompañan en toda actuación al menor.
El menor infractor puede acudir a la Defensoría Pública en caso de no tener recursos para contratar un defensor privado.
El proceso es oral (Sistema Acusatorio) y las audiencias se realizarán en salas especiales.

Fuente: Fiscalía Colombiana

Blog de SENAME X región

2007-03-26T10:15:00.000-07:00

Un muy interesante sitio ha abierto SENAME X región. En este blog se puede seguir el proceso a nivel regional de licitaciones de programas para el sistema de sanciones en medio libre, de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Valparaíso: Defensores Juveniles se reunieron con funcionarios del Ministerio de Justicia Regional

2007-03-26T10:11:00.000-07:00

Sergio Henríquez y María Paz González, del equipo del Depto. de Menores del Ministerio, durante tres días recorrieron todo el circuito RPA de la V región: Comisarías, Programas de Libertad Asistida, Trabajo Comunitario, Centros semicerrados y Centro privativo de libertad. Aquí va lo que la prensa de la Defensoría recogió del encuentro con los defensores locales.

"Una reunión de trabajo sostuvieron defensores penales juveniles con funcionarios del Ministerio de Justicia para analizar la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que empezará a regir a contar del próximo 8 de junio.

En el encuentro también estuvieron presentes el Secretario Regional Ministerial de Justicia, Alfredo Nebreda Le Roy, y el Defensor Regional de Valparaíso, Eduardo Morales Espinosa.

Los representantes del Ministerio de Justicia, Sergio Henríquez y María Paz González, del Departamento de Menores, conocieron a los defensores juveniles de Valparaíso, Héctor Galleguillos Carmona y Marco Zamora Uribe.

Ambos funcionarios cumplieron un intenso programa de visita en la zona para conocer el actual circuito de atención de jóvenes infractores de Sename en la Región de Valparaíso.

En el encuentro, el Defensor Regional de Valparaíso, Eduardo Morales Espinosa, sostuvo que "la Defensoría Penal Pública está preparada para asumir este nuevo desafío. Contamos con un equipo de seis defensores penales juveniles y una asistente social. Nuestros defensores están capacitados para atender en forma especializada a los adolescentes infractores de ley". "

Fuente: Defensoría Penal Pública: Prensa

Subsecretaria Javiera Blanco

2007-03-22T10:26:00.000-07:00

La Subsecretaria de Carabineros Javiera Blanco hace unas muy lúcidas observaciones en punto mujer (emol.com) sobre la reacción del estado frente a los temas que inciden en los delitos, y menciona entre ellos, el trabajo que efectuarán los programas de rehabilitación en drogas que CONACE ha preparado para trabajar al alero de la ley de responsabilidad penala dolescente:

"La delincuencia se mantiene, desde hace años, en el primer lugar de las preocupaciones de la ciudadanía y el último índice de victimización ascendió a un 42%, lo que quiebra la tendencia a la estabilización que se venía dando.

Las autoridades comprometidas con la seguridad ciudadana aseguran que las acciones emprendidas están dando resultados. No sólo mencionan que se ha hecho una fuerte inversión en lo que se refiere a enjuiciamiento criminal con una reforma procesal penal que está en marcha en todo el país, sino que se ha puesto en marcha un plan de modernización carcelaria que permitirá contar con 10 nuevos centros y se ha invertido en el aumento de dotación de las policías y Plan Cuadrante.

La subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, no obstante, señala que la labor en seguridad ciudadana no se queda ahí y hoy está muy presente la necesidad de hacer prevención social, teniendo en cuenta que la persona que delinque, en algún momento de su vida, se llegó a interesar por el delito y lo cometió.

-La demanda mayor de la gente es más policías, ¿es un error asumir que ello le dará más seguridad?
“El Plan Cuadrante trae asociado una mayor cantidad de dotación policial y en las zonas que ha llegado ha tenido una incidencia en bajar los índices de criminalidad. Ahora es necesario (tener más policías), pero no es lo que va a definir que un país, en un momento determinado, vaya a tener tasas sostenidas a la baja de la delincuencia. Sólo hacer copamiento policial, ¡no!; éste es sólo un elemento más dentro de una estrategia integral.
“O sea, podríamos llenar los barrios de carabineros, pero de partida, en costo-beneficio no resulta rentable porque es un recursos bastante caro que hay que saber focalizar. No es única y exclusivamente de responsabilidad policial bajar los índices de criminalidad porque hay otra serie de factores que tienen incidencia”.

-Como la drogadicción, la falta de oportunidad de los jóvenes, la rehabilitación?
“Sí, el tema de la rehabilitación es otro de los importantes. A la gente le cuesta entender que la solución no es encerrarlos a todos. Las personas dicen los aprehenden y los sueltan, detrás de eso no siempre es que hay un mal manejo judicial y la persona quedó en libertad; la razón de muchos de esos casos es que no todos ameritan llegar a la cárcel”.

-¿Cuánto se ha avanzado en atender las causas como la drogadicción?
“Creo que se ha hecho mucho; lo que ha reflejado la última encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, que es una baja en los índices de criminalidad, no es una casualidad. Llevamos varios años de analizarlo y hoy tenemos herramientas concretas; cuando hablamos que se está pensando en incrementar en 3.500 los cupos para todo lo que es drogo dependiente infractores, en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente es un paso adelante. Cuando el Conace trabaja en las cortes de droga, que es una manera innovadora de enfrentar el procedimiento judicial (cambiar la pena de cárcel por rehabilitación), se está avanzando.
“Se está apuntando a las causas y ese es un pensar de una sociedad moderna, o sea, ya no somos una máquina moledora de carne, sino que comenzamos a diferenciar que hay infractores de ley en donde mientras no se ataquen las causas que los hacen delinquir vamos a seguir en el círculo”.

-¿Pero cuánto estamos abarcando?
“Hemos tenido una gran inversión en tema rehabilitación los últimos años, y en este período se le ha dado especial atención, precisamente porque hoy se sabe que si no se habla de prevención, control y rehabilitación no se puede pensar en disminuir sostenidamente la delincuencia.
“Se está pensando en entregar fondos a las cortes de droga, en cupos de tratamiento, porque hoy, el fenómeno más presente en lo delictual es la droga”.

La subsecretaria explica que un estudio realizado hace algunos años estableció que son aproximadamente 150 mil personas las que delinquen, pero muchos lo hacen una sola vez y salen del circuito. Asimismo, se determinó que el 10% de los infractores menores de edad son responsables del 40% de las infracciones y si se atiende ese 10% (unos 150 niños por comuna) se logra disminuir la criminalidad en un poco menos del 50%. “Es una cifra bastante abordable, porque no todos los 150 mil requieren el mismo nivel de intervención; yo creo que los cupos para rehabilitación están, el desafío va a estar en que a esos cupos lleguen el 10% que es el núcleo más duro”, sostiene.

-¿Qué impacto ha tenido en la disminución de la delincuencia la entrada en vigencia de la reforma procesal penal?
“La reforma procesal penal parte del concepto de economía procesal y, en ese marco, hace una distinción. Hoy hay una serie de delitos menores que no ameritan poner en marcha un sistema caro y llegar a la instancia de juicio oral, lo que le ha dado mayor racionalidad la proceso y ha posibilitado que las causas más graves se solucionen en un menor tiempo porque el sistema está más desatochado. Antiguamente todos tenían igual importancia y todos llegaban a proceso aún cuando no tenían ninguna viabilidad como el robo de la radio del auto sin huellas y sin testigos. Ese caso estaba destinado a morir, pero hacia espacio y horas hombres; hoy el sistema se volvió más racional.
“Esa racionalidad impacta en que hoy los hechos criminales tienen una respuesta, en promedio, dentro de 6 meses y obviamente, la probabilidad de condena es un elemento más a considerar en el fenómeno delictivo. Cuando se habla de disminuir la delincuencia se aborda la probabilidad de captura, de condena y de cumplimiento de condena; la de condena aumentó. Ahora hay más probabilidades de que me condenen si cometo un delito”.

-¿Y la gente ha visto esa diferencia?
“De pronto, se mal entiende lo que es la reforma y hay gente que no tiene una visión positiva, pero los números dicen otra cosa. Hoy el flujo de gente a la cárcel, o sea, de condenas es tan alto como en el antiguo sistema. Es decir, la visión de la gente que esta reforma deja más libre a la gente que antes no es tal.
“Sí creo que es un desafío país dar la respuesta alternativa. Es decir, si sabemos que un menor de edad involucrado en un hecho delictual, que puede ser menor como un robo de una gargantilla, en ningún caso lo vamos a mandar a la cárcel para que se pudra porque no corresponde. A ese niño, dado que se está iniciando en el proceso delictivo, lo vamos a intervenir, pero fuera de la cárcel donde haya un delegado que se encargue de él, de insertarlo en el sistema educacional. En eso se está trabajando con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que entra en vigencia el 8 de junio. El gran desafío es demostrarle a la gente que la respuesta alternativa es igual de eficiente que mandar a la cárcel, porque el grueso de los infractores no son homicidas, no son violadores; la mayor cantidad de delitos en Chile son contra la propiedad y cuanto uno ve de que se tratan, los hurtos y robos con fuerza son la gran mayoría, no los robo con violencia”.

RPA aumentará demanda para Defensoría Penal

2007-03-22T10:14:00.000-07:00

Esta nota que apareció el lunes en El Mercurio es del periodista Ricardo Downey.

"Un total de 22.258 menores de edad de entre 16 y 17 años fueron imputados en 2006 por infracciones a la ley, 41% de ellos en la Región Metropolitana.Los delitos más frecuentes por los cuales se les acusó fueron contra la propiedad, con 57,7% (robos 16,1% y hurtos 15,1%), según datos de la Defensoría Penal Pública.La entidad se encuentra preparando a los abogados que deberán defender a los menores cuando entre en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente el 7 de junio próximo, y que incrementará el número de menores imputados por delitos, al considerarse penalmente responsables a quienes tienen 14 y 15 años de edad, los que hoy son ininputables y sus casos se ven en los tribunales de familia.Actualmente, los adolescentes infractores de ley representan el 11,1% de los ingresos totales a la nueva justicia penal, de los cuales entre el 30 y 40% son declarados con discernimiento, esto es, que pueden responder judicialmente por sus actos.Como la nueva ley termina con dicho trámite (declaración de discernimiento), también crecerá la demanda de defensa para esos nuevos imputados.Gonzalo Berríos, jefe de la Unidad Penal Juvenil de la Defensoría Pública, estima que habrá un aumento natural en la demanda por el nuevo segmento (14 y 15 años de edad) que se incorpora, pero cree que el de 16 y 17 años se mantendrá estable.En todo caso, afirma que sus profesionales estarán "super preparados" para enfrentar el desafío.Eso, porque ya tenían contratados y capacitados a los 40 abogados que conforman la unidad especializada en defensoría penal juvenil a junio del año pasado, cuando fue postergada por 12 meses la vigencia de la nueva justicia juvenil.Berríos explica que en la preparación de estos abogados se han incorporado elementos novedosos, como la caracterización del menor infractor, ya que en el nuevo sistema el trato tiene que ser distinto para estos jóvenes, lo que implica que en la relación cliente-defensor se deben generar lazos de confianza, en el marco de la ética profesional. Otro aspecto en que han debido profundizar es en el conocimiento de las culturas juveniles, como son los "punk", "góticos" y otras "tribus urbanas""

Presidenta descarta otra suspensión a ley penal juvenil y reforma laboral

2007-02-28T11:54:00.001-08:00

Ministro de Justicia destacó prioridades de la cartera para el 2007
Martes, 27 de Febrero de 2007

Fuente: www.gobiernodechile.cl

El Ministro de Justicia, Isidro Solís, afirmó que el Gobierno priorizará este 2007 la implementación de los proyectos que crean los Tribunales de Familia y los Tribunales Laborales, y la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.

En ese sentido, indicó que la Presidenta Bachelet "fue muy específica y dio una instrucción muy concreta para que ninguna de las reformas que se suspendieron el año pasado pueda volver a suspenderse".

Al respecto, sostuvo que la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, "que se suspendió el año pasado, tiene que instalarse el 8 de junio", y añadió que "estamos trabajando en eso, monitoreando quincenalmente el proceso de instalación con el Sename, y hasta estos momentos estamos absolutamente convencidos que al 8 de junio vamos a tener en funcionamiento el 100% de la oferta de servicios que creó la ley".

Asimismo, el Secretario de Estado indicó que comparte el criterio de muchos parlamentarios que quieren revisar integralmente la ley, aclarando sin embargo que es mejor instalar la normativa, "probarla en la realidad y después revisarla".

El Ministro Solís expresó que las otras prioridades son la tramitación de la reforma a los Tribunales y las modificaciones a la reforma laboral. Añadió respecto del último tema que "estamos trabajando en la elaboración de un nuevo proyecto. Tenemos que ingresar una iniciativa tanto de creación de nuevos tribunales como el de creación de nuevas plazas de jueces; y además, ya está en el Congreso una modificación al procedimiento", precisó.

Postítulo en Jóvenes Infractores de Ley. Programas de Intervención y Prevención

2007-02-28T11:05:00.000-08:00

Postítulo en Jóvenes Infractores de Ley. Programas de Intervención y Prevención.
DIPLOMA de POSTÍTULO:
JÓVENES INFRACTORES DE LEY. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓNTercera Versión, 2007

Descargar Formulario de postulación

Objetivo General: Comprender el fenómeno de la delincuencia y la violencia juvenil en Chile y conocer las diversas políticas públicas y estrategias metodológicas que permiten abordarlo eficazmente.

Contenidos
Módulo I: Conceptos introductorios sobre Juventud, Violencia y Delincuencia.
Módulo II: Contexto jurídico internacional, nacional e institucional.
Módulo III: Modelos de intervención relativos a Violencia Juvenil y a Jóvenes Infractores.

El postítulo se llevará a cabo con un mínimo de 15 alumnos.

Información general
Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana
Santa Lucia 240, Santiago.
Teléfono: 9771528 – 9771527
E-mail: cesc@uchile.cl ; cviano@chile.cl
Web Site: www.cesc.uchile.cl
Director del Postítulo: Profesor Hugo Fruhling
Abogado Universidad de Chile, Ll.M., S.J.D. Universidad de Harvard. Se ha desempeñado como profesor visitante en el Woodrow Wilson School de la Universidad de Princeton y en las Universidades de Harvard y Ottawa. Fue asesor del Ministro del Interior de Chile. Actualmente es profesor del Departamento de Políticas Públicas del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, y Director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana.

Coordinadora Académica: Carolina Viano
Psicóloga, Universidad de Chile. Magíster en Derecho de Infancia, Adolescencia y Familia, Universidad Diego Portales. Investigadora del área de estudios penitenciarios y Coordinadora del Área de Docencia y Capacitación del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana.
E-mail: cviano@uchile.cl

aumento de las penas de privación de libertad en Inglaterra hasta 5 años

2007-02-23T08:52:00.000-08:00

En prensalatina viene esta nota sobre el aumento de las penas de privación de libertad en Inglaterra hasta 5 años, para los menores de 18 años y mayores de 16.

"Gobierno británico amnistiará entrega de armas de fuego

Londres, 20 feb (PL) El viceministro del Interior británico Vernon Coaker anunció hoy ante la Cámara de los Comunes la intención del gobierno de amnistiar a todos aquellos que voluntariamente entreguen sus armas de fuego.
Es propósito ponerla en vigor al más breve plazo, precisó el subsecretario de Estado para la policía y la seguridad. La anterior, recordó, permitió en 2003 recoger 44 mil armas y como un millón de municiones.

La amnistía para los poseedores de armas de fuego sigue a la indicación que hiciera el pasado domingo el primer ministro Tony Blair acerca de su intención de imponer una política de mano dura contra la delincuencia juvenil y el gansterismo.

Esa fue su reacción ante el asesinato en los últimos días de tres adolescentes y de un hombre de 28 años en Londres y Manchester (norte inglés), en lo que la policía pretende ver una rendición de cuentas entre agrupaciones delictivas.

Blair es partidario de reducir de 21 a 16 años la edad mínima para poder imponer cinco años de prisión a todo adolescente que sea sorprendido en posesión de un arma de fuego, y de otorgar otras potestades represoras a la fuerza pública.

Según datos del Ministerio del Interior, el número de personas muertas o heridas por armas de fuego en Inglaterra y Gales se duplicó de 1998 a 2004, aunque hubo un descenso del 35 por ciento en los dos últimos años.

La posesión de armas en Gran Bretaña fue ilegalizada en 1998 luego que un hombre con licencia para portarlas asesinara a tiros a 16 niños y a su maestro en Dumblane, Escocia.

A propósito de los planes del gobierno, el ministro del Interior, John Reid, anunció para este jueves una cumbre sobre los crimenes con armas de fuego, a fin de determinar las acciones a seguir para ponerle coto a su aumento en el país."

La dífícil entrada en vigencia de la Ley 8/2006

2007-02-23T08:37:00.000-08:00

Hay un muy completo blog jurídico español, Bitácoras Jurídicas, que aporta esta nota sobre la difícil entrada en vigencia de la Ley 8/2006, que modificó la ley reguladora de responsabilidad penal de los menores, cuyo texto es posible hallarlo en la sección Legislación. La nota se podría llamar "en todas partes se cuecen habas":

"El próximo 5 de febrero entra en vigor la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, derogando el artículo 4 de esta última, norma que establecía en determinados casos la aplicación de la Ley de Menores a los comprendidos entre los 18 y los 21 años.

La entrada en vigor de dicha norma, no obstante, fue suspendida en dos ocasiones, tanto por la Disposición Transitoria Única de la Ley Orgánica 9/2000, de 22 de diciembre, sobre Medidas Urgentes para la agilización de la Administración de Justicia como por la Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, de Modificación del Código Penal y del Código Civil sobre sustracción de menores, retrasando su aplicación hasta el 1 de enero de 2007.

Como pueden ver, hay un desfase de poco más de un mes, en el que se plantea qué hacer.

La Instrucción 5/2006, de 20 de diciembre (doc), de la Fiscalía General del Estado resuelve esta cuestión, entendiendo que existe un conflicto de leyes (en realidad un error del legislador).

Pues bien, la situación y las razones que justificaron esos dos aplazamientos, en 2000 y 2002, no han variado sustancialmente, desde el momento en que no consta que se haya llevado a cabo ninguna actuación legislativa, ni de ninguna otra clase, que se haya presentado o pueda interpretarse como dirigida a remover los obstáculos que, en aquellas dos ocasiones, impidieron la vigencia de la norma.

Resultaría en verdad paradójico que la aplicación de la Ley que por dos veces se evitó se produzca ahora, cuando, precisamente por subsistir la misma situación y las mismas razones, se ha decidido derogar el precepto con carácter definitivo.

La conclusión de la Fiscalía es que la derogación del artículo 4 de la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores excluye su aplicación, en todo caso, tanto a hechos anteriores como posteriores al 1 de enero de 2007, fecha en que concluye la suspensión de su entrada en vigor que dispuso la Ley Orgánica 9/2002. A tal efecto, dicha suspensión ha de entenderse tácitamente prorrogada hasta que gane vigencia formal la nueva norma.

La aplicación aún ocasional, del derogado artículo 4 LORPM, además de resultar contraria a la interpretación lógica, sistemática, histórica y teleológica de las normas jurídicas concernidas, produciría efectos no previstos ni deseados por el Legislador, que, tras evitarlos en sucesivas ocasiones, ha dispuesto la definitiva exclusión de la norma de nuestro ordenamiento jurídico. En la medida en que tales efectos puedan afectar al correcto funcionamiento de la Justicia de menores, dificultando o demorando la atención a sus genuinos destinatarios, la citada aplicación de la norma resultaría contraria al principio del interés superior del menor.

Actualización (16 -01-2007): Me entero por Bosch-online que el Consejo General de la Abogacía no comparte la opinión de la Fiscalía, considerando dicha interpretación contra legem en una fundada opinión.

El Mundo-El dia.com

2007-02-23T07:51:00.000-08:00

el mundo-el día.com
Miércoles, 21 de febrero de 2007

"Manacor pide a la Fiscalía del Menor que actúe para frenar la delincuencia juvenil"
RAFAEL GABALDÓN

"MANACOR.- El Ayuntamiento de Manacor pedirá la intervención urgente de la Fiscalía del Menor con motivo de los numerosos robos que se han producido en comercios y establecimientos de restauración; la mayoría de ellos han sido obra de 4 menores ya identificados con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, los cuales suman más de 60 detenciones. En la actualidad, los menores se encuentran en la calle a pesar de ser reincidentes. Uno de ellos, M. S., de 14 años, ha sido detenido en 28 ocasiones en sólo dos años.

La delegación del Gobierno promete incorporar nuevos efectivos policiales como refuerzo a partir del 15 de marzo, además de los agentes en prácticas salidos de la academia. Por su parte, el Ayuntamiento realizará un amplio proyecto de reestructuración de la plantilla policial, contemplándose la ampliación de las dotaciones de manera considerable. En total, se precisa de 12 policías locales más para cubrir los servicios mínimos de vigilancia nocturna.

Ambos cuerpos de Policía presentaron dos estudios de seguridad que recomiendan la ampliación de sendas plantillas para hacer frente a la escalada de delincuencia (ésta ha experimentado un aumento del 50% en los dos últimos meses respecto al mismo periodo de 2006). Los estudios contemplan un incremento de 64 a 120 agentes en la Policía Local y de 65 a 103 para la Policía Nacional

Ayuda logística

Todos estos acuerdos son fruto de una reunión mantenida ayer en las dependencias municipales de Manacor. Asistieron el teniente de alcalde responsable de la Policía Local, Antoni Frau, los comisarios jefes de la Policía Local y Nacional, los portavoces de comerciantes y restauradores y los directivos de la patronal Pimem.

La Policía pidió ayuda logística y recursos humanos a las administraciones para conseguir optimizar la seguridad en el municipio. Se ha comprobado que la mitad de los robos es obra de menores que siguen en la calle a pesar de la demostrada reincidencia; el resto de robos ha sido cometido por delincuentes habituales.

Los empresarios demandaron una solución urgente para evitar la sensación de alarma social; en los últimos meses la situación se ha vuelto insostenible para ellos. Un empresario en concreto ha visto como su establecimiento era asaltado hasta tres veces sólo en la última semana. Las decenas de robos denunciados ponen de manifiesto los nervios que han aflorado en los sectores mencionados.

Todos coincidieron en realizar un esfuerzo extra. Los vecinos no pueden tomar iniciativas privadas según la Policía, ya que está prohibida la contratación de agentes de seguridad en la vía pública. Asimismo, no es recomendable actuar personalmente en ningún caso y menos con animales que puedan causar daños, como pretendían algunos de los afectados."

Subsecretaria de Justicia en visita de trabajo en la Región de los Lagos

2007-02-23T07:42:00.000-08:00

"Una reunión con los niños y jóvenes integrantes de la directiva del Consejo Comunal de la Infancia y Adolescencia, sostuvo la Subsecretaria del Ministerio de Justicia, Verónica Baraona del Pedregal, encuentro realizado en las dependencias de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia de Puerto Montt, a objeto de conocer las primeras actividades de esta nueva instancia, actividad a la que asistieron la Seremi de Justicia, Lebby Barría Gutiérrez junto a la Directora Regional Los Lagos del Servicio Nacional de Menores, Antonella Muñoz Araya y funcionarios públicos.
La Subsecretaria, Verónica Baraona, destacó la interesante iniciativa tomada por los pequeños, lo que a su juicio representa un novedoso y muy constructivo ejemplo para todo el país, integrado por pequeños cuyas edades fluctúan entre los 13 a 15 años de edad.
Muchos de ellos han sido dirigentes estudiantiles, quienes han desarrollado esta plataforma para poder comenzar con el desarrollo de sus deberes y obligaciones cívicas, quienes desean tener una educación en ese ámbito desde su juventud. Para la funcionaria, esto permitirá contar con niños interesados en los asuntos del país, siendo a su vez niños que aprovechan su tiempo, que estudian; que son importantes para sus familias y para su comunidad, los cuales van a transmitirle a sus pares cómo se pueden hacer las cosas de mejor forma, destacó la autoridad.
En el marco de su presencia en la Región de Los Lagos, Baraona del Pedregal concluye el viernes 26 de enero un recorrido de dos días por Puerto Montt, Osorno y Valdivia, enmarcado en las tareas de las autoridades gubernamentales en terreno.

Dentro de sus labores, destacan, conocer el funcionamiento administrativo de cada una de las instituciones que funcionan bajo la dependencia del Ministerio de Justicia en la Décima Región, además de reuniones con dirigentes sociales, con las autoridades políticas, con los miembros de la Corte de Apelaciones, su asistencia a la Cuenta Pública del Fiscal Regional de Los Lagos; Rafael Mera Muñoz, así como para encabezar las constituciones de las mesas técnicas de Justicia y de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, así como también visitas a los centros regionales del Servicio Nacional de Menores."

Fuente: Unidad de Comunicaciones Sename X Región